Tras el supuesto caso de abuso del chofer, ¿quién debe controlar los micros escolares?

Un vecino presenció el abuso, lo filmó y denunció al conductor del micro. La causa fue caratulada como “Delito sexual agravado”.

El caso del chofer de un micro escolar de la localidad bonaerense de Luis Guillón que fue detenido por presunto abuso de una nena de 9 años, hecho que fue registrado en un video por un vecino que realizó la denuncia, reavivó la polémica sobre el control de estos transportes.

El lunes por la tarde se viralizó el video que un vecino registró la semana pasada, quien luego denunció al chofer de 38 años que transportaba a chicos del Instituto Argentina, de gestión privada, ubicado en el partido de Esteban Etcheverría.

El 5 de diciembre pasado, un vecino observó que en el interior de un micro escolar estacionado en la puerta de su domicilio “el conductor manoseaba en sus genitales a una niña de unos 9 años”, tras lo cual hizo la denuncia y presentó como prueba la filmación. El hombre quedó detenido el mismo día.

En el caso intervino la Unidad Fiscal N°3 de Esteban Echeverría y la causa fue caratulada como “Delito sexual agravado”.

“Estamos destruidos. Nosotros conocíamos a Lucas y nunca pensamos que tuviera ese perfil. Ahora bien, por lo que parece el micro no contaba con acompañante, lo cual es obligatorio entre los requisitos del transporte escolar”, indicó por su parte Roberto Zagame, presidente de la Cámara de Servicios Provinciales Especializados de Transporte de Pasajeros.

“En este sentido, hay una responsabilidad del colegio, aunque la contratación del servicio sea por parte de la familia, la escuela tiene que ver a quién entrega el niño y alertar si hay un requisito que no se cumple”, añadió Zagame.

La autorización para brindar el servicio de transporte escolar la otorga el municipio de Esteban Echeverría, que se acogió al decreto Nº 3622/1987 por el que la provincia de Buenos Aires le dio a los distritos que se sumaron al convenio esa potestad.

Los requisitos, que se establecen en las disposiciones Nº 1727/1987 y Resolución SST N° 37/17, además de fijar las condiciones del vehículo, establece la obligatoriedad de un acompañante y fija que tanto él como el chofer deben presentar antecedentes penales.

“Si no hay un testeo psicológico no es nuestra responsabilidad. Nosotros cumplimos con todo lo que nos es requerido, en todo caso hay una falta de control del municipio”, sostuvo Zagame.

Por su parte, fuentes oficiales indicaron a Télam que no se trataba de un transporte provisto oficialmente y, por tanto, que la escuela no tiene responsabilidad en este ámbito ya que el servicio es contratado directamente por la familia.

El Instituto Argentina está ubicado no difundió hasta el momento su posición públicamente.

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