Piden condenar y detener a Carlos Menem y Domingo Cavallo

La fiscal Gabriel Baigún solicitó penas para el ex Presidente y el ministro de Economía por irregularidades en la venta de La Rural en 1991.

La fiscal Gabriela Baigún pidió que el senador y ex presidente Carlos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y nueve meses de carcel por haber vendido a precio vil en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo.

El valor de esa operación fue de 30 millones de pesos/dólares, pero el valor real era de 130 millones, según recordó este miércoles la fiscal en el juicio oral.

EL PRESIDENTE CARLOS MENEM Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, DOMINGO CAVALLO DURANTE EL ACTO DE INCORPORACION DE LAS NUEVAS LOCOMOTORAS DE LA EMPRESA BUENOS AIRES AL PACIFICO B.A.P.

Baigún finalizó su alegato en el juicio oral y público en el que también solicitó que el predio sea restituido al estado nacional.

En su exposición, la fiscal pidió condena para dos ex funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y para el ex presidente de la Sociedad Rural, Ricardo Agustín de Zavalía.

“Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo”, dijo Baigún.

Qué se ventila en el juicio: Menem firmó en diciembre de 1991 el decreto por el cual el estado le vendió de manera directa a la Sociedad el predio de Palermo y Cavallo hizo lo propio en mayo de 1992 con el boleto de compra venta. El valor de esa operación fue de 30 millones de pesos/dólares, pero el valor real era de 130 millones.

La causa se inició en 1999 con una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y el juicio recién comenzó este año a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini.

Menem y Cavallo no estuvieron en la audiencia de este miércoles, en la que la fiscal dijo que ambos “quebrantaron un deber, una confianza como funcionarios públicos y vendieron en forma irregular y a un precio vil”.

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