El gobierno no confía en los estudios jurídicos estatales

Un relevamiento de la asociación Bajo La Lupa denunció que el Ejecutivo contrató al menos 104 estudios jurídicos externos, en lugar de convocar a profesionales que revisten bajo los ministerios y organismos estatales

Falta de transparencia y un sobrecosto para el Estado en tiempos de ajuste. Esas son las principales conclusiones de un relevamiento de la asociación Bajo La Lupa, de la ex diputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez, que denunció que el Ejecutivo contrató al menos 104 estudios jurídicos externos cuando se cuentan de a miles los profesionales que revisten bajo los ministerios y organismos estatales.

El relevamiento, que se nutrió de un pedido de acceso a la información pública a la Procuración del Tesoro, data de abril de 2018 y salvo casos particulares, las denunciantes advirtieron que no fue posible determinar el monto total de las contrataciones de abogados externos por no haberse brindado tal información.

“La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado. Se advierte que los contratos o las explicaciones brindadas no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de dichas contrataciones. Y en todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia”, explicó Martínez, que consideró que los datos concluyen que “se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la administración pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas”.

De acuerdo al muestreo, organismos como la AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Nación y el Banco Central o el Ministerio de Educación, son algunos de los que han contratado letrados externos.

En el caso de la AFIP, la Procuración del Tesoro informó que el ex juez y diputado radical Ricardo Gil Lavedra, Juan José Avila y Tomas Farini Duggan asesoraban al organismo en asuntos legales.

El ex camarista fue convocado como parte de la querella del organismo en el juicio por evasión contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por caso.

“En todos los casos, se determinaron los valores a abonar de acuerdo al mercado pero se estableció como tope las erogaciones que realiza el organismo para la contratación de asesores externos. El tope del Dr. Gil Lavedra era de $181.500 mensuales. El tope de los Dres. Avila y Farini Duggan se estableció en $96.800 mensual para cada uno. El monto total abonado al Dr. Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $4.198.216”, enumeró el trabajo de Bajo la Lupa.

Aunque el trabajo de la ONG indicó que en los departamentos jurídicos de los ministerios revisten 5 mil abogados, para la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) esa cifra alcanza los 25 mil incluyendo organismos descentralizados, universidades, entre otros entes.

El sindicato expresó su preocupación por la contratación de estudios privados externos para realizar funciones propias de los agremiados. “No es lo mismo el Derecho Privado que el Derecho Público y tampoco es igual el Derecho Público cuando es interpretado por los intereses privados que cuando lo interpreta la voz de la abogacía estatal”, destacó Rubén Ramos, titular de la entidad.

En una cena realizada el último viernes 9 de noviembre para conmemorar el día del Abogado del Estado, sorprendió a los asistentes un video alusivo en el que el del actual Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, expresó su acompañamiento al cuerpo y sostuvo que “voy a hacer lo imposible por defender los intereses del Estado y defender a su Cuerpo de Abogados”.

Empero, el trabajo de Bajo la Lupa expondría diversas “tercerizaciones” que irían contra esta política. Incluso la Procuración dictó en noviembre de 2017 la resolución 106 que reafirma la restricción para la contratación de estos servicios externos, sostiene su excepcionalidad al enfatizar que esta actividad “no es susceptible de tercerización” y que en caso se concretara, se deberá informar al organismo sobre el referido estudio y la documentación que “acredite el cumplimiento al normativa vigente, en especial la relativa al conflicto de intereses”.

Es que las últimas normativas sancionadas desde el Ejecutivo han dispuesto que la Procuración controle eventuales conflictos de intereses, luego de las polémicas surgidas, por ejemplo, por el caso del Correo Argentino con la familia Macri.

“Es poner al zorro a controlar el gallinero”, azuzó, no obstante, un experto consultado.

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